Artículo de opinión

Libertades
Alejandro V. García

CADA vez que los obispos sueltan uno de sus ásperos sermones políticos sus adeptos saltan con la advertencia de que a la jerarquía le asiste el derecho a la libre expresión. La advertencia suele tener el mismo tono iracundo que el propio sermón, como si la Iglesia y los católicos hubieran sido privados de derechos fundamentales. ¿De qué derechos hablan? Más bien parece que algunos católicos, como en los tiempos de Nerón, quieren ganar la fama de perseguidos pero sin la molestia de tener perseguidores. Como diría el Papa, pecan de relativismo... La advertencia es tan gratuita como traicionera, pues nadie ha cuestionado su derecho a la libre expresión. Es más, en los últimos cuatro años los obispos han usado esta facultad con una constancia desusada, ya sea en lugares sagrados como en profanos.

Entonces ¿a qué vienen esas exhortaciones a respetar su libertad si la ejercen cotidianamente sin ninguna cortapisa? Sospecho que los avisos más que a respetar el derecho a la expresión de los prelados católicos son a comulgar con sus soflamas o, al menos, a aceptarlas disciplinadamente, sin otro añadido que el ritual amén. Nadie pone en duda la libertad de la Iglesia para intervenir en los asuntos en que se sienta concernida, hasta ahí podríamos llegar, pero otra cosa distinta es que la sociedad civil deba acatar sus ideas sin comentarios. Si la Iglesia ha decidido saltar a la arena política debe esperar respuesta políticas, como mínimo con la misma rudeza con que expresa la suyas.

Yo mismo, en esta columna, soy consciente de que escribo más sobre la Iglesia de lo conveniente en un Estado laico y regido por una Constitución que delimita perfectamente los poderes civiles de los religiosos. A veces tengo la impresión de que vivo rodeado por teócratas y fundamentalistas impacientes. A mí me gustaría escribir de la Iglesia tanto como escribo de los protestantes, es decir, nada. Sin embargo, el empeño de la Conferencia Episcopal de intervenir en asuntos políticos, e incluso en orientar el voto, obliga a intervenir, pero no para constreñir sus derechos sino para someter a juicio el contenido explícito o implícito de sus anatemas.

Y en este sentido, y usando la misma libertad de expresión, me resultan inaceptables las declaraciones de los obispos, sobre todo cuando manipulan con vileza el terrorismo para su causa ideológica y, sobre todo, cuando tratan de coartar la legitimidad de los gobiernos para legislar de acuerdo con sus programas. No, no es cierto que en España se haya organizado una "cruzada laica contra el votante católico", más bien tengo la impresión de que a veces asisto a una cruzada católica contra las libertades laicas.

(Sábado 2 de Febrero, Grupo Joly)