LA OTRA CARTA ESFÉRICA (Juan José Téllez)
El estreno de la película La carta esférica, de Imanol Uribe, basada en la novela homónima de Arturo Pérez Reverte, viene a coincidir con la evidencia de que si España no corrige su deriva en los tribunales, se va a quedar a dos velas respecto al expolio perpetrado por la empresa norteamericana Odyssey Marine, de común acuerdo con el gobierno británico, en aguas presuntamente españolas.
El botín ascendería a 17 toneladas de oro, distribuidas en quinientas mil monedas que ahora podrían venderse a razón de 3.000 dólares la pieza. Mientras Carmelo Gómez da vida en la gran pantalla a Coy, Aitana Sánchez-Gijón -tan gaditana de adopción como el director del filme- se mete en la piel de Tánger Soto. Pero habrá que ponerse en el pellejo del buzo Adolfo Bosch Lería para comprender lo que significa un palmo de narices. La cara que habrá puesto Fofi -así le llaman al submarinista-cuando los cazatesoros gringos se han ido de rositas, mientras que él tuvo que apoquinar diecisiete millones de pelas de 1992, por haber distraído más de mil hallazgos.
Pero, ¿qué se puede hacer contra los expoliadores submarinos cuando su tecnología es puntera y nuestros recursos legales, decimonónicos? ¿Dispone la administración española de un robot sumergible como el Minibex de Odyssey, para llegar donde no llegan los bombonas de oxígeno? Juan Manuel Gracia, presidente de la Asociación para el Rescate de Galeones españoles, propone que España llegue a un acuerdo con los piratas y obtenga una parte sustanciosa del expolio antes de verlas venir como en el caso de la trincalina de La Perla Negra, que es como Odyssey Marine bautizó a sus últimos pecios saqueados.
Gracia preside también la Agrupación El Mar y Su Ciencia, autora de un informe que demostraba como la compañía Odyssey Maritime Corporation ha trabajado y rastreado el fondo marino en aguas españolas del Mediterráneo, frente a Estepona y Gibraltar, durante los últimos cinco años. Para ello, se basó en las posiciones obtenidas vía satélite a través de la Compañía Británica Aislive, que da este servicio a navieros u operadores, para posicionar los barcos y que acreditaría que la extracción se llevó a cabo entre los días 1 y 17 de marzo de 2007.
La legislación europea, a excepción de la británica, es mucho más proteccionista que la americana. Y la Junta de Andalucía se mantiene bajo tales mismas pautas. Así, ya se sabe que la Consejería de Cultura incoará en los próximos meses un expediente para declarar zonas arqueológicas y zonas de servidumbre arqueológica 106 yacimientos sumergidos en aguas andaluzas. Se trata, simplemente, de preservarlos de intervenciones que puedan dañarles y garantizar así su mantenimiento, sobre todo, porque muchos de ellos no se pueden investigar adecuadamente ahora.
Ese centenar de localizaciones responde a una selección, ya que el número de naufragios es mucho mayor. Francisco Ojeda, por ejemplo, reseña 933, en el periodo comprendido entre 1486 y 1822, en las provincias de Cádiz y Huelva. Su cuantificación obedece a datos extraídos del Archivo General de Indias, del Archivo de Simancas, del de la Duquesa de Medina Sidonia y la Biblioteca Nacional. Pero no sólo estamos hablando de la Carrera de Indias, sino de yacimientos romanos o fenicios y, muy posteriores, como el barco cargado de tónica Scheweppes que naufragó a mediados del XIX frente a la isla de Las Palomas, en Tarifa, o la docena de submarinos nazis que descansan en los fondos del Estrecho.
El cazatesoros italiano Claudio Bonifacio cree haber descubierto uno de ellos, cargado de lingotes de oro procedentes de Palestina, que dormiría bajo las aguas no muy lejos -curioso- de la Playa de los Alemanes.
Muchos de estos misterios submarinos aparecen, desde luego, en la Carta Arqueológica de Andalucía, un documento en continua construcción, que no sólo se nutre de las investigaciones de los arqueólogos y técnicos sino de buceadores y marinos. Así, hay que destacar los trabajos de prospección y sondeos que el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (CAS-IAPH) lleva a cabo en los pecios de Chapitel, en Cádiz, y de Las Morenas, en San Fernando. Podría tratarse de dos buques franceses hundidos en la batalla de Trafalgar: respéctivamente, el Bucentaure y el Fougueux.
Pero hay muchos otros, como el San Hermenegildo y el San Francisco, frente a Chiclana. El Santísima Trinidad y el Santa Cruz, en los fondos de Zahara. El Veracruz, el San Juan Bautista y el San Francisco frente a Conil y el San José y el Nuestra Señora de la Soledad, a poco de Tarifa.
Es conocida la frase del catedrático Manuel Martín Bueno: «En el golfo de Cádiz hay más oro que en el Banco de España». Pero a los arqueólogos le interesa el yacimiento en su totalidad y no sólo su carga.
De hecho, en 2001, España suscribió un convenio con la UNESCO, por el que se recomienda no extraer ningún resto del fondo marino salvo que exista peligro de destrucción o robo. Una de sus prioridades actuales es la célebre batalla en la que murió Lord Nelson pero que perdió la flota hispano-francesa. Para ello, la Junta colabora activamente con la fundación americana RPM Nautical y National Geographic Magazine.
Los saqueadores no buscan la historia sino el beneficio. Justamente hace un año, en junio de 2006, la Guardia Civil detenía a siete personas -entre ellas un historiador y un submarinista-, en una pista que condujo a Sevilla, Madrid, Algeciras, Cabo de Palos (Murcia) y Ciudad Real.
Según el informe oficial, la banda se apoyaba en empresas legales constituidas en terceros países para solicitar los permisos oficiales y, a veces, las catas se enmascaraban bajo simples peticiones para la inocente y falsa búsqueda de sedimentos marinos. Entre el material aprehendido, figuraban dos barcos caza-tesoros, un robot de filmación submarina a control remoto con capacidad para trabajar a una profundidad de 500 metros, así como un sofisticado dispositivo portátil capaz de hallar distintas materias de origen arqueológico, a través del barrido de frecuencias. En tierra o en mar, ¿puede competir la ley con esta criminalidad sofisticada?
El estreno de la película La carta esférica, de Imanol Uribe, basada en la novela homónima de Arturo Pérez Reverte, viene a coincidir con la evidencia de que si España no corrige su deriva en los tribunales, se va a quedar a dos velas respecto al expolio perpetrado por la empresa norteamericana Odyssey Marine, de común acuerdo con el gobierno británico, en aguas presuntamente españolas.
El botín ascendería a 17 toneladas de oro, distribuidas en quinientas mil monedas que ahora podrían venderse a razón de 3.000 dólares la pieza. Mientras Carmelo Gómez da vida en la gran pantalla a Coy, Aitana Sánchez-Gijón -tan gaditana de adopción como el director del filme- se mete en la piel de Tánger Soto. Pero habrá que ponerse en el pellejo del buzo Adolfo Bosch Lería para comprender lo que significa un palmo de narices. La cara que habrá puesto Fofi -así le llaman al submarinista-cuando los cazatesoros gringos se han ido de rositas, mientras que él tuvo que apoquinar diecisiete millones de pelas de 1992, por haber distraído más de mil hallazgos.
Pero, ¿qué se puede hacer contra los expoliadores submarinos cuando su tecnología es puntera y nuestros recursos legales, decimonónicos? ¿Dispone la administración española de un robot sumergible como el Minibex de Odyssey, para llegar donde no llegan los bombonas de oxígeno? Juan Manuel Gracia, presidente de la Asociación para el Rescate de Galeones españoles, propone que España llegue a un acuerdo con los piratas y obtenga una parte sustanciosa del expolio antes de verlas venir como en el caso de la trincalina de La Perla Negra, que es como Odyssey Marine bautizó a sus últimos pecios saqueados.
Gracia preside también la Agrupación El Mar y Su Ciencia, autora de un informe que demostraba como la compañía Odyssey Maritime Corporation ha trabajado y rastreado el fondo marino en aguas españolas del Mediterráneo, frente a Estepona y Gibraltar, durante los últimos cinco años. Para ello, se basó en las posiciones obtenidas vía satélite a través de la Compañía Británica Aislive, que da este servicio a navieros u operadores, para posicionar los barcos y que acreditaría que la extracción se llevó a cabo entre los días 1 y 17 de marzo de 2007.
La legislación europea, a excepción de la británica, es mucho más proteccionista que la americana. Y la Junta de Andalucía se mantiene bajo tales mismas pautas. Así, ya se sabe que la Consejería de Cultura incoará en los próximos meses un expediente para declarar zonas arqueológicas y zonas de servidumbre arqueológica 106 yacimientos sumergidos en aguas andaluzas. Se trata, simplemente, de preservarlos de intervenciones que puedan dañarles y garantizar así su mantenimiento, sobre todo, porque muchos de ellos no se pueden investigar adecuadamente ahora.
Ese centenar de localizaciones responde a una selección, ya que el número de naufragios es mucho mayor. Francisco Ojeda, por ejemplo, reseña 933, en el periodo comprendido entre 1486 y 1822, en las provincias de Cádiz y Huelva. Su cuantificación obedece a datos extraídos del Archivo General de Indias, del Archivo de Simancas, del de la Duquesa de Medina Sidonia y la Biblioteca Nacional. Pero no sólo estamos hablando de la Carrera de Indias, sino de yacimientos romanos o fenicios y, muy posteriores, como el barco cargado de tónica Scheweppes que naufragó a mediados del XIX frente a la isla de Las Palomas, en Tarifa, o la docena de submarinos nazis que descansan en los fondos del Estrecho.
El cazatesoros italiano Claudio Bonifacio cree haber descubierto uno de ellos, cargado de lingotes de oro procedentes de Palestina, que dormiría bajo las aguas no muy lejos -curioso- de la Playa de los Alemanes.
Muchos de estos misterios submarinos aparecen, desde luego, en la Carta Arqueológica de Andalucía, un documento en continua construcción, que no sólo se nutre de las investigaciones de los arqueólogos y técnicos sino de buceadores y marinos. Así, hay que destacar los trabajos de prospección y sondeos que el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (CAS-IAPH) lleva a cabo en los pecios de Chapitel, en Cádiz, y de Las Morenas, en San Fernando. Podría tratarse de dos buques franceses hundidos en la batalla de Trafalgar: respéctivamente, el Bucentaure y el Fougueux.
Pero hay muchos otros, como el San Hermenegildo y el San Francisco, frente a Chiclana. El Santísima Trinidad y el Santa Cruz, en los fondos de Zahara. El Veracruz, el San Juan Bautista y el San Francisco frente a Conil y el San José y el Nuestra Señora de la Soledad, a poco de Tarifa.
Es conocida la frase del catedrático Manuel Martín Bueno: «En el golfo de Cádiz hay más oro que en el Banco de España». Pero a los arqueólogos le interesa el yacimiento en su totalidad y no sólo su carga.
De hecho, en 2001, España suscribió un convenio con la UNESCO, por el que se recomienda no extraer ningún resto del fondo marino salvo que exista peligro de destrucción o robo. Una de sus prioridades actuales es la célebre batalla en la que murió Lord Nelson pero que perdió la flota hispano-francesa. Para ello, la Junta colabora activamente con la fundación americana RPM Nautical y National Geographic Magazine.
Los saqueadores no buscan la historia sino el beneficio. Justamente hace un año, en junio de 2006, la Guardia Civil detenía a siete personas -entre ellas un historiador y un submarinista-, en una pista que condujo a Sevilla, Madrid, Algeciras, Cabo de Palos (Murcia) y Ciudad Real.
Según el informe oficial, la banda se apoyaba en empresas legales constituidas en terceros países para solicitar los permisos oficiales y, a veces, las catas se enmascaraban bajo simples peticiones para la inocente y falsa búsqueda de sedimentos marinos. Entre el material aprehendido, figuraban dos barcos caza-tesoros, un robot de filmación submarina a control remoto con capacidad para trabajar a una profundidad de 500 metros, así como un sofisticado dispositivo portátil capaz de hallar distintas materias de origen arqueológico, a través del barrido de frecuencias. En tierra o en mar, ¿puede competir la ley con esta criminalidad sofisticada?
diario La Voz (2/Septiembre/2007)
1 comentario:
Odyssey Marine Exploration podría haber exagerado el valor del tesoro que en mayo anunció haber encontrado -posiblemente procedente de un barco español, según la denuncia de los expertos y las autoridades españolas-, con el fin de propiciar la subida de las acciones de la compañía y así enriquecer a sus directivos. Varios ejecutivos de Odyssey vendieron parte de sus acciones poco después de que el 18 de mayo la compañía anunciara que había recobrado 17 toneladas de monedas de plata de un barco hundido, del que no quiso desvelar ni el nombre ni la ubicación de sus restos. Según el registro del regulador bursátil estadounidense, la venta de títulos aportó 1,7 millones de euros a directivos de la empresa.
Según denuncian diversos expertos, tal como publicó este fin de semana «The Sunday Times», Odyssey habría inflado la valoración del tesoro hallado con el objetivo de que subiera la cotización de las acciones de la empresa en Bolsa. En un primer documento, Odyssey había estimado el valor de las monedas en unos 1,8 millones de euros. Así consta en la licencia de exportación que la compañía cazatesoros presentó el 14 de mayo para transportar a Florida vía Gibraltar el tesoro que podría proceder el pecio de Nuestra Señora de las Mercedes. Pero cuando el hallazgo fue anunciado públicamente el 18 de mayo, la cifra había ascendido a unos 375 millones. El 21 de mayo, Odyssey confirmaba ese monto, cuya fijación atribuía al experto en monedas Nick Bruyer y que se «acomodaba» a los propios cálculos de Odyssey. En los días siguientes, tras el incremento de las acciones, el consejero delegado de Odyssey y cofundador de la empresa, John Morris, obtuvo 970.000 euros en la venta de una parte de sus títulos. David Morris, secretario del Consejo de Administración y tesorero, ganó unos 512.000 euros, mientras que George Becker, entonces vicepresidente ejecutivo y que luego ha dejado la sociedad, se embolsó 288.000 euros.
John Morris y el otro fundador de Odyssey, Greg Stemm, ya fueron investigados por las autoridades bursátiles estadounidenses en el pasado bajo acusación de haber inflado el precio de las acciones de una compañía que dirigían, mediante la sobrevaloración de los objetos recobrados. Fueron absueltos por el jurado en 1997.
Un portavoz de Odyssey ha negado cualquier actuación irregular en la gestión de la empresa. «El valor escrito en las licencias de exportación estaba basado en una estimación de lo que creíamos que iban a ser nuestros costes. La normativa estadounidense requiere que valoremos el coste de la operación de recobrar los objetos, que no tiene nada que ver con el valor de éstos», declaró a «The Sunday Times».
A pesar de haber dado por buena la valoración de las 500.000 monedas de plata realizada por el experto Nick Bruyer, Odyssey asegura que en realidad la compañía no ha hecho una estimación propia del valor potencial del tesoro, por lo que no ha contribuido a inflar el precio de las acciones. E indica que si algunos directivos vendieron paquetes de ellas, fue «tras el apropiado periodo de espera como parte de su plan financiero personal».
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